El Ayuntamiento de Benidorm quedó ayer patas arriba. Una comisión judicial acudió al edificio consistorial para rastrear varios departamentos municipales con el fin de incautarse de numerosos documentos sobre la construcción de las dos rotondas ubicadas en el principal acceso a la ciudad que el anterior gobierno del PP adjudicó en 2009 al promotor alicantino Enrique Ortiz y que, según una denuncia, el empresario ya había cobrado con anterioridad a pesar de no haberlas ejecutado.
El registro de los miembros de la comisión, integrada por una secretaria judicial y tres agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) pertenecientes a la Brigada Provincial de la Policía Judicial, se realizó por la mañana y duró varias horas. Los agentes solicitaron y decomisaron expedientes vinculados al caso en áreas como Urbanismo, Secretaría, Intervención, Contratación o Alcaldía. E incluso registraron el disco duro de un ordenador situado en el departamento urbanístico a la búsqueda de alguno de los documentos que no se había podido encontrar previamente.
La comisión actuó por mandato de una juez de Benidorm que investiga si Ortiz cobró dos veces por realizar esas glorietas en la avenida Comunidad Europea: primero, de las cargas urbanísticas de los propietarios del polígono industrial, del que el promotor es agente urbanizador, merced a un convenio firmado en 2002; y después de los fondos públicos de la primera fase del Plan E -1,2 millones- al obtener del Ayuntamiento la adjudicación de nuevo de las mismas rotondas ya en el citado año 2009, bajo el gobierno de Manuel Pérez Fenoll. Sólo entonces, Ortiz las construyó. La investigación judicial parte de una denuncia realizada en mayo de 2011 por el entonces concejal de Urbanismo, el socialista Jaime Llinares. En verano, la Fiscalía remitió la denuncia al juzgado al ver indicios de un presunto delito de malversación de caudales públicos. Entonces, fuentes judiciales aseveraron que Pérez Fenoll podría ser citado por el ministerio público en calidad de imputado.
La orden judicial que portaban ayer los integrantes de la comisión incluía una lista detallada de los documentos que pedía el juzgado y que a lo largo de la mañana fueron aportados por los funcionarios de las distintas áreas municipales: incluía informes técnicos sobre las rotondas, proyectos básico y de ejecución y medios de pago, esto es, certificados, facturas y diversa documentación administrativa que debe esclarecer cómo se financiaron las polémicas glorietas. Y ahí está la madre del cordero.
Y lo está porque según la denuncia de Llinares, Ortiz se benefició en dos ocasiones de la construcción de esas edificaciones. La primera se remonta a principios de la pasada década, cuando la mercantil Enrique Ortiz e Hijos recibe la adjudicación para urbanizar la avenida de la Comunidad Europea, proyecto que incluía ya la construcción de las dos rotondas que, según el convenio de 2002, debían pagar los propietarios de suelo del Polígono Industrial. La primera de las rotondas, que debía contar con un géiser, tenía un presupuesto de 192.000 euros. La segunda, prevista con una lámina de agua, 120.000 euros. En total, 313.000 euros.
Sin embargo, aquellas rotondas nunca se llegaron a urbanizar e incluso en 2008 el informe del arquitecto municipal aseveraba que su diseño estaba obsoleto. Y vuelta a empezar. En enero de 2009, el entonces alcalde del PP, Manuel Pérez Fenoll, llevó al pleno once proyectos del Plan E entre los que se encontraban las dos rotondas de marras con un coste total de 1,198 millones de euros. El adjudicatario volvió a ser Enrique Ortiz e Hijos.
El exedil popular de Urbanismo y un técnico declararán como testigos
El proceso judicial de las famosas rotondas cumplirá pronto nuevas etapas. El próximo 29 de enero deberá acudir a declarar al juzgado número 1 de Benidorm, que es el que lleva la instrucción del caso, el concejal del PP José Ramón González de Zárate, quien era edil de Urbanismo cuando en 2009 se le adjudicaron las rotondas al promotor Enrique Ortiz con cargo a la primera fase del Plan E. También lo hará un técnico del departamento de Contratación. Ambos acudirán al tribunal en calidad de testigos. Zárate se mostró ayer tranquilo. Insistió, como ya ha hecho en otras ocasiones, en que su gobierno no ha cometido ninguna irregularidad y en que en ningún momento el contratista cobró dos veces por la misma obra.
En primer lugar, argumentó el concejal, porque la adjudicación al empresario en 2009 se realizó mediante concurso abierto y al mismo acudieron varias empresas, además de la de Ortiz. Y en segundo, porque las certificaciones del Polígono Industrial demostrarían que con anterioridad a 2009 no se invirtió dinero en el acondicionamiento de las glorietas y que por lo tanto el empresario no pudo haber cobrado dos veces por las mismas.
Fuente: Diarioinformacion
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