Cuarenta vecinos de Castell de Guadalest han declarado ante notario haber recibido nada menos que cerca de medio millón de euros, en metálico, de manos del exalcalde popular del pueblo, Juan Bautista Balaguer. Además, afirman que éste les dio a cada uno un recibo con la cantidad entregada, que aún guardan, y cuyo montante total cubriría el más de medio millón de euros que el Tribunal de Cuentas le reclama al exalcalde, al secretario y al tesorero del Ayuntamiento por las irregularidades cometidas en el cobro de entradas a la casa-museo Ortuña y por aparcar en una zona de estacionamiento municipal. Dos fuentes de ingresos cuya recaudación guardaba en su casa el exalcalde del pueblo, que jamás fueron ingresadas en las arcas municipales, y cuyas cantidades nunca fueron tampoco registradas en el Ayuntamiento.
Los pagos en metálico hechos por el alcalde a los vecinos correspondían a las devoluciones de los importes que más de una década antes habían prestado al Ayuntamiento para que éste pudiera comprar la citada Casa Ortuña, convertida después en museo municipal, según explicó ayer el letrado que defiende al exprimer edil, Agustín Rivera.
Cabe destacar que en 1994, los 125 millones de las antiguas pesetas abonados para la compra de la Casa Ortuña, que habían sido conseguidos con las aportaciones de los vecinos, fueron consideradas como donaciones. Así fue hasta 2004, cuando a instancias de la denuncia de uno de los vecinos, una sentencia avaló que tales ingresos habían sido un préstamo. Con la entrada de la nueva Corporación en 2007 esas deudas fueron reconocidas oficialmente.
Anteriormente el exalcalde, según afirman los vecinos, ya había empezado a devolver parte de las cantidades aportadas para la compra de la Casa Ortuña, utilizando para ello la recaudación que iba sacando del cobro del parking y de las entradas del museo municipal.
Ayer, seis de esos vecinos tuvieron que ratificar su versión ante la juez del Juzgando número 3 de La Vila, lugar donde les exhortó a ello el Tribunal de Cuentas que investiga la causa desde Madrid. No fueron los únicos que tuvieron que declarar ante la juez de La Vila. También acudieron, citados por el Tribunal de Cuentas, la exalcaldesa socialista de la localidad, Trini Amorós, quien remitió el expediente al Sindic de Comptes cuando vio las irregularidades existentes en la gestión de su antecesor, y los concejales que conformaban con ella la Corporación de la pasada legislatura, tanto de su partido como del PP.
El caso se destapó en 2009 al salir a la luz algunos de los hechos "anómalos" encontrados por la Sindicatura de Cuentas en la gestión de quien gobernó Guadalest durante 28 años. Entre dichas irregularidades destacaban que las personas que cobraban los tiques del aparcamiento municipal no tenían relación contractual con el ayuntamiento, que éstos entregaban diariamente al alcalde la recaudación de las tasas, que ésta no figuraba en la caja fuerte de la Casa Ortuña tras el cambio de gobierno, y que tras un estudio a través de movimientos bancarios, facturas y documentos, se indica que existieron pagos realizados a personas físicas sin relación contractual con el Ayuntamiento.
Los pagos en metálico hechos por el alcalde a los vecinos correspondían a las devoluciones de los importes que más de una década antes habían prestado al Ayuntamiento para que éste pudiera comprar la citada Casa Ortuña, convertida después en museo municipal, según explicó ayer el letrado que defiende al exprimer edil, Agustín Rivera.
Cabe destacar que en 1994, los 125 millones de las antiguas pesetas abonados para la compra de la Casa Ortuña, que habían sido conseguidos con las aportaciones de los vecinos, fueron consideradas como donaciones. Así fue hasta 2004, cuando a instancias de la denuncia de uno de los vecinos, una sentencia avaló que tales ingresos habían sido un préstamo. Con la entrada de la nueva Corporación en 2007 esas deudas fueron reconocidas oficialmente.
Anteriormente el exalcalde, según afirman los vecinos, ya había empezado a devolver parte de las cantidades aportadas para la compra de la Casa Ortuña, utilizando para ello la recaudación que iba sacando del cobro del parking y de las entradas del museo municipal.
Ayer, seis de esos vecinos tuvieron que ratificar su versión ante la juez del Juzgando número 3 de La Vila, lugar donde les exhortó a ello el Tribunal de Cuentas que investiga la causa desde Madrid. No fueron los únicos que tuvieron que declarar ante la juez de La Vila. También acudieron, citados por el Tribunal de Cuentas, la exalcaldesa socialista de la localidad, Trini Amorós, quien remitió el expediente al Sindic de Comptes cuando vio las irregularidades existentes en la gestión de su antecesor, y los concejales que conformaban con ella la Corporación de la pasada legislatura, tanto de su partido como del PP.
El caso se destapó en 2009 al salir a la luz algunos de los hechos "anómalos" encontrados por la Sindicatura de Cuentas en la gestión de quien gobernó Guadalest durante 28 años. Entre dichas irregularidades destacaban que las personas que cobraban los tiques del aparcamiento municipal no tenían relación contractual con el ayuntamiento, que éstos entregaban diariamente al alcalde la recaudación de las tasas, que ésta no figuraba en la caja fuerte de la Casa Ortuña tras el cambio de gobierno, y que tras un estudio a través de movimientos bancarios, facturas y documentos, se indica que existieron pagos realizados a personas físicas sin relación contractual con el Ayuntamiento.
Fuente: DiarioInformación
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