El concejal no adscrito de Benidorm, Juan Ángel Ferrer, ha exigido al equipo de gobierno que suspenda de momento la negociación para rebajar el coste del servicio de recogida de basura y limpieza viaria con la adjudicataria, Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), hasta que se audite la gestión de la empresa en los últimos años.

El concejal no adscrito de Benidorm, Juan Ángel Ferrer, ha exigido al equipo de gobierno que suspenda de momento la negociación para rebajar el coste del servicio de recogida de basura y limpieza viaria con la adjudicataria, Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), hasta que se audite la gestión de la empresa en los últimos años.

Desde el ayuntamiento, en cumplimiento del plan de ajuste, se está negociando una rebaja del coste del contrato del 25 por ciento.

Ferrer ha recordado en rueda de prensa que existen dos informes técnicos, uno interno y otro externo, que "recomiendan" hacer una auditoría sobre el servicio que presta FCC.

Según ha desgranado el concejal de la oposición, el informe externo encargado por el consistorio, fechado en julio de 2012, "planteaba dudas sobre la legalidad de mantener el vínculo" contractual con FCC y "proponía resolver el contrato" y recuperar la concesión.

El interno, redactado en octubre por el área de Ingeniería, recoge que en base a los informes de los inspectores se observan "indicadores de prestación del servicio no acorde con el dimensionamiento y valoración del mismo" y añade que, por ello, es "necesario" hacer una auditoría para "evaluar el grado de cumplimiento" del contrato.

Al hilo de estos informes, ha señalado que "la legalidad del contrato está en entredicho".

Ferrer ha afirmado que "podría ser muy negligente" por parte del ayuntamiento seguir adelante con la negociación y "buscar un acuerdo con FCC" sin realizar una auditoría que permita saber "qué posibles incumplimientos" del contrato ha cometido la empresa o cuál es "la eficiencia" del servicio que se presta.

"Hasta el momento de tener esa información, no se deberían establecer negociaciones ni llegar a acuerdos con FCC, que podrían no ser los más favorables para el ayuntamiento", ha puntualizado.

Ha indicado que "el precio de la basura es muy elevado" -el contrato se firmó en 1993 por 4,2 millones de euros y su coste ha crecido hasta alcanzar los 16,2 millones en el presupuesto de 2013-, pero ha subrayado que lo que "no nos podemos permitir que tenga un precio oscuro".

Preguntado por si sería partidario de reclamar las cantidades pertinentes a FCC si se demostrara en una auditoría que no ha cumplido parte del contrato, Ferrer ha explicado que como representante público debe "exigir que se cumpla con la legalidad" y ha añadido que "si se demuestra algún tipo de fraude" habrá que "tomar medidas" legales.

Fuente: ABC