El testigo protegido del 'caso Polop', cuyo testimonio es la principal prueba de cargo contra los cuatro imputados, estuvo imputado por tráfico de drogas y anabolizantes, aunque la causa se archivó después para él, según fuentes jurídicas.
Un juzgado de Dénia autorizó a la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) de la Policía Nacional a intervenir su teléfono móvil. Los agentes escucharon todas sus conversaciones entre agosto y septiembre del año 2007, precisamente las fechas en las que, según su propia declaración, se fraguó el asesinato del entonces alcalde polopino, Alejandro Ponsoda, en el club de alterne Mesalina.
Sin embargo, en esas llamadas no hizo alusión alguna a ese asunto. Ni si quiera mencionó que trabajara como portero en el citado burdel, como sostiene ahora. Es más, se presentaba a sí mismo como «portero de discoteca» y «monitor de gimnasio», según las fuentes consultadas.
La transcripción de todas esas conversaciones han sido incorporadas ahora al sumario por el crimen de Ponsoda, que instruye la titular del Juzgado número 2 de La Vila, María Antonia Raedo.
Así se lo había solicitado a la magistrada Francisco González, abogado de uno de los imputados, Pedro Hermosilla, copropietario del Mesalina.
Las escuchas telefónicas abonan la teoría de las defensas, que han tratado desde el primer día de desacreditar el testimonio del testigo protegido.
Este testigo relató en su día a los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que Hermosilla, el entonces gerente del burdel, Ariel Gatto, el empresario Salvador Ros y el sucesor de Ponsoda en la Alcaldía de Polop, Juan Cano, le ofrecieron 35.000 euros por perpetrar el asesinato, aunque él se negó.
Las defensas de estos cuatro imputados albergan la esperanza de que el caso no llegue a juicio. De celebrarse esa vista, la Fiscalía acusará por un delito de conspiración para el asesinato.
Fuente: laverdad
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